La visión que tengo sobre la negociación colectiva la he ido construyendo después de participar en decenas de mesas de negociación y paros, así como en el pregrado y los posgrados de Derecho, asistiendo a procesos de formación y conferencias del trabajo de la OIT, o en espacios de diálogo social antes y después de entrar al gobierno. En primer lugar, defiendo una visión heterodoxa y no formalista de la negociación. Es decir, debemos ir mucho más allá de las definiciones del artículo 467 del Código del Trabajo, a las normas internacionales del trabajo y a la valiosa lectura que han hecho los órganos de control sobre ellas. Por ello, si leemos, por ejemplo, el Convenio 154 de la OIT, veremos que su objeto no se limita a la presentación de pliegos de peticiones y la suscripción de convenciones colectivas. 

Es más, si el mundo del trabajo es precario e informal —en un 55 % en Colombia según el DANE y en un 60 % en el globo como lo informó la OIT— y si en Colombia ocurren pocas huelgas, pero hay permanentemente paros y protestas, los acuerdos que resultan de la movilización y de conversaciones entre las partes de la relación, incluso en sectores informales o con ausencia de sindicatos, en mi opinión, también son negociación colectiva, así no tengan ese título o no se conviertan en una convención colectiva. 

Sus efectos son parecidos así no se “deposite”, como exigen algunas organizaciones sindicales, para hacer oponible el o los acuerdos. Como tuve oportunidad de expresarlo en una columna en el periódico La República, “Fútbol y pragmatismo democrático” (15 de noviembre de 2023), no debería importar si un acuerdo se llama convención colectiva, acuerdo o acta, y si lo firma un sindicato legalmente constituido. Lo importante es que reconozca la legitimidad de las partes y la existencia de un conflicto económico o de intereses, y que al ser pactado su contenido legitima y define unos derechos humanos, en este caso laborales, pero también civiles o políticos relacionados. Estos, al vaciarse en un acta, adquieren plena validez y desatan procesos de negociaciones frecuentes que pueden, en el futuro, convertirse en negociación colectiva con todas las formalidades constitucionales y legales. 

El derecho laboral —si cumple sus propósitos esenciales, su misión tuitiva— puede ser más libre y eficaz, como ocurre en países como Suecia. Mientras aquí, con todas nuestras reglas, se limita severamente su reconocimiento y se mantiene una tendencia a tratar el conflicto laboral como un problema de orden público, y a los sindicatos como enemigos internos. La cultura sindical existente surge de la forma como se señalaban a las organizaciones de trabajadores y de un derecho laboral colectivo que se convirtió en un derecho laboral del enemigo. Es inconcebible cómo aún existen empresas que se niegan a negociar, obstaculizan el funcionamiento de un tribunal de arbitramento o no hacen ninguna propuesta en la mesa de negociaciones, mientras establecen pactos colectivos para socavar el derecho humano de sindicalizarse. 

Como dicen decenas de estudios académicos, especialmente de la OIT, la negociación colectiva les otorga a los trabajadores formales o informales, y a los empresarios, empleadores, personas o autoridades que tienen competencia, la libertad para autocomponer condiciones de trabajo y para acordar el valor y las reglas laborales en un sitio, un territorio o un sector económico, incluso en temas nacionales como el salario mínimo. En palabras de la Corte Constitucional: 

El derecho de negociación colectiva es consustancial con el derecho de asociación sindical; su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a esta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad (art. 13 C.P.), si se tiene en cuenta, que dicha organización, por su peso específico, queda colocada en un plano de igualdad frente al patrono. 

En ese sentido, las partes son libres de proponer, negociar y acordar temas, valores o procedimientos que permiten regular las relaciones laborales y crear espacios o mecanismos de diálogo social y debido proceso, con un marco amplio que son el derecho internacional y la Constitución como fuentes principales de interpretación del derecho interno, que sabemos debe ser reformado para dejar de ser una talanquera y convertirse en la llave para el ejercicio autónomo de las partes de la negociación. 

Estoy convencido de que la negociación colectiva es un derecho fundamental reconocido universalmente y un instrumento democrático que le da voz a todas las personas concernidas en un conflicto laboral. Es el mejor y más concreto mecanismo de diálogo social existente y es una forma de participación y deliberación ciudadana que permite que la Constitución y los derechos —uno de cuyos pilares es el Estado social de derecho y el derecho a participar— sean moldeados por la ciudadanía libre. 

He conocido o participado en casos de negociación colectiva o diálogo social en la economía informal como el acuerdo con los vendedores ambulantes en el centro de Medellín durante las alcaldías de Sergio Fajardo Valderrama y Alonso Salazar Jaramillo sobre delimitación de zonas para su trabajo, limitación de la autoridad reguladora del espacio público o la protección policial frente a extorsionistas que se apropian del espacio y cobran supuestos servicios de seguridad, mejor conocidos como “vacunas”. También en los acuerdos que lograron los taxistas de Cartagena agremiados en Sincontaxcar con el gobierno y la Secretaría Distrital de Tránsito sobre tarifas, acopios, calidad del servicio o cobro de multas. Asimismo, asistí a los acuerdos del sindicato de vendedoras de tinto con la alcaldía de Medellín sobre espacio público, protección a sus derechos o apoyo con microcréditos, o la creación de un espacio de preparación y almacenamiento. Ya como viceministro hice parte de la mesa de diálogo entre Unidapp y Rappi, con acuerdos en marcha entre las partes o en la aplicación del acuerdo global entre Teleperformance y Utraclaro. La experiencia de nuestro país está en las formas cómo se construyen acuerdos, que es valiosísima pero poco estudiada y replicada. 

En las empresas son claras y positivas las consecuencias de tener espacios de diálogo social permanente, pues el proceso de negociación colectiva siempre fortalece la confianza entre las partes, crea seguridad jurídica, mejora la productividad y reduce la conflictividad laboral. Esto, al reconocer que el conflicto entre capital y trabajo es irreductible y que seguir pensando en su eliminación terminará en distopía. Entonces, entendiendo la negociación como un espacio de ejercicio libre de la autonomía de las personas libremente agrupadas y defiendo que la negociación colectiva como ejercicio de autocomposición de los conflictos se contribuye al logro de la paz, a la racionalización de las relaciones capital-trabajo y a la solución conjunta de los problemas humanos y tecnológicos en las empresas gracias al reconocimiento de las partes, en especial de los trabajadores y trabajadoras como actores claves de las organizaciones. Siempre se gana más conversando. Por eso debemos extenderla y volverla cultura y cotidianidad en nuestro país.